El juez del Supremo Tribunal Federal Celso de Mello rechazó la noche del lunes (1) la petición de partidos opositores al gobierno para que se incautara el teléfono móvil del presidente Jair Bolsonaro, investigado por sospechas de injerencia política en la Policía Federal.
El magistrado aceptó el argumento del fiscal general Augusto Aras quien subrayó en una manifestación enviada a la Corte Suprema que era el trabajo del Ministerio Público ordenar tales medidas en una investigación penal, no de partes externas.
"No hay que ignorar que el monopolio de la autoridad sobre una acción penal pública pertenece al Ministerio Público, que actúa en esa condición, con exclusividad, en nombre del Estado", declaró Celso de Mello.
La solicitud había sido presentada al máximo tribunal por los partidos PDT, PV y PSB después de las acusaciones hechas por el exministro de Justicia Sergio Moro cuando dejó su cargo en abril. Las agrupaciones también solicitaron que se incautaron los celulares del hijo del presidente, Carlos Bolsonaro, y de la diputada Carla Zambelli.
A pesar de haber rechazado la petición, Celso de Mello dedicó al menos ocho páginas a subrayar la importancia de cumplir con las sentencias judiciales, cualquiera que sea su tipo u objeto dentro de los tres poderes.
El juez también basó sus consideraciones en "noticias publicadas en medios de comunicación social" diciendo que Bolsonaro podría negarse a entregar su teléfono móvil en caso de que hubiera una decisión judicial en ese sentido.
"En una palabra: el incumplimiento de una orden judicial es una violación de la propia Constitución, calificando negativamente ese acto de desobediencia presidencial e insubordinación ejecutiva como una conducta manifiestamente inconstitucional", declaró el magistrado.
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