Brasil ha registrado una serie de avances significativos en la protección de los derechos de los niños y adolescentes, y los resultados de las políticas de salud y educación también se ven reflejados entre los inmigrantes de ese grupo de edad. Así lo evaluó Florence Bauer, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
Desde 2017, más de 200 mil personas han ingresado a Brasil para escapar de la crisis económica, política o social en Venezuela. De este total, cerca de 10 mil son niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La cifra es una estimación, ya que no existen datos oficiales, y abarca de 2015 a 2019.
"Brasil ha desempeñado un papel clave desde el inicio [de la crisis en Venezuela]. El país invirtió en la Operación Acogida [a refugiados], y ha tenido un resultado muy positivo. El liderazgo del gobierno brasileño en este tipo de situaciones es ejemplar. Brasil desempeña un papel acogedor y proporciona todos los servicios básicos que necesitan los niños. Sin embargo, todavía quedan desafíos para integrar a esa población, y ese es el trabajo que Unicef planea desarrollar a partir de ahora", declaró Florence.
Desafíos futuros
Pese al buen desempeño del país, Unicef propone varios posibles puntos de mejora. Datos del informe que marca los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño, publicado esta semana, indican que alrededor de 27 millones de niños en Brasil han sido privados de al menos uno de sus derechos fundamentales básicos.
Además, casi 2 millones de niños y adolescentes en edad escolar (4-17 años) no van a la escuela. El documento también muestra una alarmante tasa de homicidios entre los jóvenes de 10 a 18 años: 191 mil muertes en la última década.
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