quarta-feira, 18 de abril de 2018

Rival de Dilma Rousseff en 2014 será juzgado por Corte Suprema

La mayoría de los jueces de la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) decidió aceptar los cargos presentados por la Fiscalía General de la República (PGR) contra el senador Aécio Neves por los delitos de corrupción y obstrucción a la Justicia. Las acusaciones forman parte de las investigaciones derivadas de la delación del ejecutivo Joesley Batista, del grupo empresarial J&F. Con la decisión, el senador pasa a la condición de reo en el proceso.

Aécio Neves es uno de los líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). Fue uno de los principales impulsores del impeachment contra la expresidenta Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT), destituida en agosto de 2016. Neves se había enfrentado a Rousseff en las elecciones presidenciales de 2014 y fue derrotado por un escaso margen de votos.

Tras la caída de Dilma Rousseff, el PSDB se unió a la base de apoyo de su sucesor en el cargo, el presidente Michel Temer, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), y asumió el mando de varios ministerios.

La decisión de aceptar los cargos contra Aécio Neves se hizo en cumplimiento de la recomendación del juez Marco Aurélio Mello, quien relata el caso. En opinión de Mello, el hecho de que el senador haya sido grabado por Joesley Batista mencionando que trataría de influir en el nombramiento de comisarios de la Policía Federal es una señal de los crímenes que pudo haber cometido.

También están señalados en la denuncia la hermana de Neves, Andrea Neves, su primo Frederico Pacheco y Mendherson Souza Lima, exasesor del senador Zezé Perrella, sorprendido con dinero en efectivo. Todos fueron acusados de corrupción pasiva.

De acuerdo con la denuncia, presentada hace más de 10 meses por el entonces fiscal federal Rodrigo Janot, Neves le pidió a Batista –en una conversación grabada por la Policía Federal– más de US$ 590 mil en sobornos a cambio de su influencia política.

La obstrucción, según la PGR, se habría producido de “distintas formas”, como por ejemplo mediante presión sobre el gobierno y la Policía Federal para que nombraran a comisarios de policía a cargo de conducir las investigaciones bajo la Operación Autolavado, la mayor ofensiva contra la corrupción en la historia del país, y acciones vinculadas a su labor parlamentaria, como interferir para la aprobación de un proyecto de ley sobre abuso de autoridad y de una amnistía para políticos en casos de financiación electoral con dinero irregular.

Al inicio de la sesión de la Corte Suprema, el abogado de Neves, Alberto Toron, declaró que el monto provenía de un préstamo y que el hecho de que su cliente ocupe un puesto en el Senado no le impide pedir dinero prestado a ejecutivos.



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